19 DE MARZO DE 2024 YOJAVED OROZCO PORTADA
Organizaciones religiosas y sociales denunciaron prácticas ilegales e injustas cometidas por militares y agentes de la Dirección General de Migración contra familias inocentes en Villa Guerrero, la comunidad de Santa Lucía, Km. 2 y Km. 8, municipio de Santa Cruz de El Seibo, durante un operativo de deportación de haitianos.
Entre los abusos reportados, subrayan el secuestro para «deportación» de niños y mujeres embarazadas en la comunidad afectada, así como «el robo de dinero, celulares y otros bienes» por parte de agentes de la DGM y militares. Además, denunciaron el «uso de la fuerza y agresión física y verbal» contra las familias. Estos hechos, según los denunciantes, violan los derechos fundamentales de estas personas y generan un «clima de temor» e inseguridad.
Denuncias y llamados a la acción internacional
La urgencia de la situación llevó a los denunciantes a exigir a las autoridades dominicanas «poner fin de inmediato a estas prácticas violatorias de los derechos humanos» y garantizar «procesos administrativos transparentes y justos para todas las personas». También instaron a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para “proteger los derechos” de los más vulnerables en la sociedad dominicana.
Las organizaciones señalan que estos allanamientos se realizaron ilegalmente según el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación de 1999, que prohíbe las deportaciones en horas de la madrugada. Asimismo, denuncian la detención abusiva de personas con «documentación que acredita su residencia regular en República Dominicana y que fueron subidas al camión de migración».
Pese a que lograron liberar a algunos niños y mujeres embarazadas tras seguir el camión hasta Higüey, un niño fue llevado hasta Haina y liberado al día siguiente por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) y UNICEF.
Contradicciones en la política migratoria
El comunicado cita al Presidente Luis Abinader, quien en la Asamblea General de la ONU manifestó: «¡O luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger República Dominicana!». Sin embargo, las organizaciones consideran que estos hechos «no iban orientados a salvar a Haití, pero tampoco iban orientados a proteger a República Dominicana».
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, la Red Jesuita con Migrantes, los Misioneros Dominicos, la Conferencia Dominicana de Religiosos, Acción Verapaz y la Arquidiócesis de Santo Domingo, instan al presidente Abinader a ordenar el cese de estas prácticas, «muchas veces encaminadas a la extorsión y al hurto».
Se destaca la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana, a quienes no se les está renovando la residencia, dejándolos en un “limbo jurídico después de haber sido beneficiarios de la Ley 169-14”, promulgada para solucionar los efectos de la Sentencia 168-13, que «despojó de forma retroactiva del derecho a la nacionalidad a más de cuatro generaciones de estos ciudadanos basándose en el origen de sus padres».
Finalmente, se pide a la comunidad internacional tomar medidas concretas para proteger los derechos de estas personas, «las más débiles de la sociedad dominicana», y se hace un llamado a lograr la paz y la armonía «al descubrirnos hermanos e hijos de un mismo Dios».
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