Panamá en movimiento 

#Panamá #Política

“Las riquezas injustas; las riquezas que se arman contra la libertad, y la corrompen; las riquezas que excitan la ira de los necesitados, de los defraudados, vienen siempre del goce de un privilegio sobre las propiedades naturales, sobre los elementos, sobre el agua y la tierra, que sólo pueden pertenecer, a modo de depósito, al que saque mayor provecho de ellos para el bienestar común. Con el trabajo honrado jamás se acumulan esas fortunas insolentes.” José Martí

La crisis social y política que ha venido aquejando a Panamá tuvo su más reciente expresión en el rechazo al empeño del Poder Ejecutivo – con el apoyo de la mayoría de los diputados del Legislativo – por encubrir la ilegalidad de las operaciones de una empresa minera canadiense en la costa Atlántica del país desde la década de 1990.

El contrato Ley aprobado por la Asamblea Nacional para servir de instrumento a ese empeño debió encarar de inmediato demandas de inconstitucionalidad respaldadas por una amplia movilización ciudadana, que incluyó desde manifestaciones masivas hasta el cierre de las principales carreteras del país, y el bloqueo del puerto de la mina por pescadores panameños, que la obligó a suspender sus labores al impedir el suministro de carbón mineral para su termoeléctrica. Para el 27 de noviembre, tras declararse en sesión permanente durante una semana, la Corte Suprema de Justicia decretó la inconstitucionalidad del contrato. 

Lo ocurrido constituye, en breve, una victoria ciudadana sobre el intento de hacer del extractivismo minero la nueva “vocación natural” de Panamá, en curso desde comienzos de la década de 1990.

Con ello, se aspiraba a compensar el rendimiento decreciente de lo invertido en la plataforma de servicios transnacionales creada en el Corredor Interoceánico aledaño al canal de Panamá. Desde el nacimiento de la República en 1903 y la llamada por algunos “venta del Istmo” a los Estados Unidos para la construcción del canal, la cultura de negocios correspondiente a ese modelo de crecimiento ha concebido al interior del país como un mero proveedor de mano de obra, alimentos y -más recientemente- energía eléctrica, y un mercado cautivo para el comercio importador establecido en el mencionado corredor.

De allí ha resultado en el siglo XXI – esto es, una vez incorporados a la soberanía panameña, el canal y su antigua zona bajo control norteamericano, lo que un despacho de RT considera como un modelo económico que se cimienta en tres pilares: las actividades financieras, los ingresos por cuenta del canal transoceánico y la explotación minera, en un contexto de regulaciones laxas para las empresas, bajas tasas impositivas y fuerte competitividad, aunque el Estado se reserva para sí algunos sectores clave como salud y educación. Sin embargo, un examen poco minucioso de esa realidad deja en evidencia que el crecimiento económico del país se ha conseguido a condición de dejar por fuera a segmentos importantes de su población.

En la práctica, ese modelo ha operado mediante la apropiación monopólica y el despilfarro masivo de las ventajas comparativas de Panamá, que radican en la posición geográfica, y la abundancia de aguas, bosques y biodiversidad – sea mediante la transformación de selvas en potreros, la apropiación de islas y costas para el turismo de alto costo, o el acaparamiento de agua para hidroeléctricas. Esto ha generado una íntima relación de interdependencia entre el crecimiento económico, la inequidad social y la degradación ambiental. Esa relación ya amenaza el abastecimiento de agua para la operación del canal y el consumo de la mitad de la población del país, y se cierne sobre las posibilidades de inserción productiva de Panamá en el mercado global del siglo XXI, en el que la producción de servicios ambientales desempeñará un papel cada vez más importante.

Desde esta perspectiva, aquí ha entrado en crisis la legitimidad del régimen político instalado tras la intervención militar norteamericana de diciembre de 1989. Ese régimen – ya acorralado en julio de 2021 por las protestas generadas por la incapacidad de su Estado para atender las secuelas económicas y sociales de la pandemia – se ha desfondado ahora, junto a las organizaciones políticas y sociales que le han servido de soporte a lo largo de 30 años. En ese marco, el amplio apoyo generado por el movimiento contra la minería bien podría constituirse en el centro potencial de un proceso de renovación republicana, entre una derecha conservadora de vocación bukelista y alguna modalidad democrática de continuismo neoliberal.

De momento, por otra parte, ese movimiento ha logrado que lo ambiental pase a convertirse en un tema de la agenda política, tras un largo periodo de incubación encajonado entre el conservacionismo cientificista de raíz norteamericana, la hostilidad constante de amplios sectores empresariales, y la corrección política de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Pero, sobre todo, ha traído a Panamá el problema político más desafiante de nuestro tiempo: aquel que se sintetiza en el hecho de que si se desea un ambiente distinto será necesario crear una sociedad diferente.

En lo inmediato, esto plantea singulares dificultades y oportunidades. Por un lado, Panamá llega con retraso al encuentro con los grandes campos emergentes en la cultura de la naturaleza de nuestra América, como la historia ambiental, la ecología política, la economía ecológica, la teología de la naturaleza y las Humanidades ambientales. Desarrollarlos es ya una tarea urgente, si queremos pasar de la denuncia al análisis que le facilite al movimiento socioambiental naciente pasar de la protesta a la propuesta, y de allí a la transformación de la realidad.

Por otra parte, la movilización social generó una jornada masiva de educación ambiental con aportes de todos esos campos. La encíclica “Laudato Si” y los problemas del cuidado de la casa común, por ejemplo, se hicieron presentes a través de la participación de frailes franciscanos que atienden parroquias en la Cordillera Central, y de la solidaridad de la Red Ecológica Eclesial Mesoamericana.[3] El Movimiento Ciencia en Panamá, integrado por profesionales jóvenes de clase media que promueven la fundamentación de la política pública en evidencia científica, se manifestó con ese tipo de evidencia en contra de la minería a cielo abierto. Esos son hechos relevantes en una sociedad en la que usualmente sectores como esos han tenido una presencia marginal en la movilización social y política.

Hoy, en suma, todo confirma, con Martí, que “Contra la verdad, nada dura: ni contra la Naturaleza.” Aquí nosotros hemos dicho basta, nuevamente, y entramos otra vez a defender la soberanía ejerciéndola, como hemos venido haciéndolo desde nuestra constitución en República – así fuera bajo la condición de un protectorado militar extranjero – 120 años atrás.