Las masacres registradas durante el último semestre en Honduras mantienen en alerta al país. Una de las más recientes ocurrió el pasado 21 de mayo en la
comunidad de Rigores, donde un ataque dejó 20 víctimas fatales. Eran quince hombres, tres mujeres y dos menores de edad, quienes se encontraban en el
interior de una iglesia, a punto de iniciar su jornada laboral en las plantaciones de palma africana.

Pero no es primera vez que la zona enfrenta situaciones de esta índole. Durante décadas, las comunidades que habitan en ese territorio han sufrido de amenazas, desalojos, asesinatos y desplazamientos forzados por defender sus territorios.

La lucha por el territorio

La comunidad de Rigores se ubica en la zona del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, al noreste de Honduras. Es una región con fuertes raíces de vocación
agrícola y por años ha sido el corazón de la producción de aceite de palma: concentra el 38% de la producción nacional. Por ello, esta zona ha sido
escenario de conflictos entre comunidades campesinas que reivindican derechos sobre su tierra y sectores terratenientes que han buscado apropiarse de amplias extensiones del territorio.

Así lo explica Mario Zavala, miembro del colectivo ECORE de Honduras, una agrupación que lucha por la justicia climática, justicia alimentaria, justicia social
y los derechos humanos. De acuerdo con Zavala: En 1990 el Estado hondureño creó la ley de modernización agrícola, que fue la justificación para generar el despojo de tierras campesinas, que iban a ser dedicadas a comunidades campesinas para dárselas a grandes transnacionales o grandes corporaciones agroindustriales.

De esta manera inició el conflicto como tal, porque eran tierras que iban a ser dadas a campesinos, pero el Estado tomó otra decisión. Pero las masacres no se limitan a Colón. De acuerdo con el último reporte del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en 2026 se han registrado 15 masacres con un total de 72 víctimas.

El período coincide con el inicio del gobierno de Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional, quien asumió con promesas de mejorar la seguridad. Sin
embargo, las masacres en enmarcan dentro de una crisis de seguridad que trasciende a la actual gestión.

Para el Coordinador General de la CNTC Vía Campesina de Honduras, Franklin Almendares, el Estado tiene una deuda histórica con el pueblo hondureño. «Las masacres, y la violencia en el agro ha sido terrible desde hace muchos años. Se ha recrudecido en este último trimestre, pero entre los 90 hasta los 2000 pasamos una época de persecución, represión, masacres, desapariciones, tortura a todos los lideres y lideresas a nivel nacional, ya que no existe voluntad política», manifestó.

Para las organizaciones campesinas y de derechos humanos, la violencia que enfrentan las comunidades de Honduras no solo se manifiesta en asesinatos,
masacres, amenazas y desplazamientos, sino también en mecanismos que buscan debilitar sus procesos de organización y resistencia.

Criminalización y masacres

Ante el escenario adverso, los campesinos se han movilizado de manera constante para exigir sus derechos. Sin ir más lejos, el mes pasado, en el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas, más de 30 organizaciones hondureñas llegaron hasta la Casa Presidencial del país.

Su objetivo era exigir el cumplimiento de demandas históricas vinculadas a justicia social, la concentración de la tierra o la exclusión reiterada de las comunidades
frente a los intereses de la agroindustria.

Para Zavala, se ha construido una narrativa que tiende a criminalizar las luchas campesinas: Discursos que al final criminalicen a los campesinos, que reclaman su derecho legítimo a la tierra, diciendo que es un conflicto entre ellos, cuando en realidad el fondo sabemos que es criminalizar a las organizaciones campesinas y las agrupaciones campesinas que hay en el país y, por lo tanto, terminar de echar mano,
como siempre pasa en los gobiernos de derecha, de las tierras de la reforma agraria.
En este contexto, los campesinos enfrentan un ambiente de inseguridad, que se ve reforzada por la falta de leyes que los protejan adecuadamente. Por el contrario, diferentes comunidades han acusado sobre normativas que perjudican las luchas campesinas. Tal es el caso de la discusión que pretende hacer El Congreso Nacional de Honduras para realizar algunas reformas orientadas a endurecer las penas del
delito de usurpación.

La propuesta fue promovida a petición del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Plantea modificaciones a la Constitución, la Ley de Reforma
Agraria y la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Sus impulsores sostienen que las reformas buscan reforzar la seguridad jurídica ante las ocupaciones de tierras destinadas a la producción agrícola. Sin embargo, diferentes organizaciones han señalado que podría agravar la criminalización campesina.

Desde el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, alertaron sobre los conflictos que podría derivar un endurecimiento de las penas para el delito de usurpación.

A través de un comunicado publicado el pasado 15 de abril, señalaron, entre otras cosas, que la reforma profundiza la criminalización del conflicto agrario o que la iniciativa favorece la protección de las inversiones nacionales y extranjeras por encima de los derechos colectivos e indígenas relacionados con el acceso, la posesión y la titulación de tierras.

Las reformas legislativas avanzan en medio de una crisis de seguridad que no puede desligarse de los conflictos históricos por la tierra. En un país donde las disputas agrarias han dejado décadas de violencia, las comunidades sostienen que la solución pasa por garantizar acceso a la tierra, justicia y reparación.

Por Emilia Salas /Radio JGM /Selección de Henry Flores COMCOSUR
INFORMA – AÑO 31 – No. 2360 – 17.06.2026