La red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande exige cese de la violencia y protección a las comunidades del Catatumbo.
La Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande es una instancia que agrupa a 17 Comisiones episcopales de este tipo en América Latina y el Caribe y que tiene como objetivo compartir los desafíos que enfrentan estas comisiones y de escuchar las necesidades de los pueblos y la naturaleza.
Debido al aumento de los asesinatos y a los 45.000 desplazados del departamento del Catatumbo, nordeste de Colombia, organizaciones de redes de derechos humanos del continente siguen de cerca esta dolorosa situación que enfrentan las comunidades en esta zona del país.
En este sentido, la Red a través de un pronunciamiento ha manifestado su profunda solidaridad con el pueblo del Catatumbo, ante la grave tragedia humanitaria que se presenta y que es generada por el enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El comunicado hace ver que esta situación de conflicto pone en peligro la paz en Colombia, afectando incluso a comunidades venezolanas cercanas a la región. En este aspecto, la Red Eclesial se suma al llamado urgente de la Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) y la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) para detener la violencia y atender la emergencia humanitaria.
Entre otras cosas el comunicado exhorta
«A las fuerzas del ELN y las disidencias de las FARC les rogamos desistan de tales actos criminales, inhumanos y violatorios de la dignidad de las personas», señala el mensaje. Asimismo, este organismo de la Iglesia insta al gobierno colombiano a cumplir con los acuerdos de paz, reforzar su presencia en las zonas afectadas y trabajar para detener el desplazamiento forzado de miles de familias.
Intervención de la comunidad internacional
El mensaje firmado por Daniel Seidel, coordinador de la Red Eclesial Justicia y Paz, y Manuela Urbina, coordinadora alterna, hace una invitación a la comunidad internacional, de manera especial a Venezuela, para que intervenga en la protección de los derechos de los pueblos afectados, ya que los hechos ocurridos constituyen violaciones del derecho internacional humanitario. El comunicado concluye con la frase «Por la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y Afro».
Mientras el conflicto persista, miles de personas seguirán viéndose forzadas a abandonar sus hogares, sumándose a una tragedia humanitaria que amenaza la paz en la región.
Fuente https://adn.celam.org