Actualmente el término “gobernanza” se usa como equivalente de “buen gobierno”. Algunos entienden la palabra como el proceso de cooperación entre distintos tipos de actores, o instituciones, para resolver problemas comunes. Otros definen la gobernanza como la capacidad de acordar objetivos compartidos entre el gobierno, la sociedad y las empresas, así como los mecanismos para llevarlos a cabo y gestionar el conflicto. La gobernanza mantiene redes de colaboración en la esperanza que sean un medio para co-generar soluciones a problemas complejos, por un lado, y promueve la reforma de los gobiernos para hacerlos más transparentes, sensibles a las necesidades de las personas y responsables, por el otro.
Estas descripciones son estados ideales que solo se cumplen parcialmente, muchas veces requiriendo procesos largos y costosos que pueden ser frágiles. La mayoría de nuestras sociedades se mantiene en una tensión constante entre la utopía que, aunque irrealizable de manera total, señala posibilidades constantes de mejora, y la realidad compleja, parcial y, muchas veces decepcionante.
El reto de la gobernanza consiste en buscar la mejora de las instituciones democráticas, reconociendo que esto solo puede ser resultado de la colaboración entre el gobierno, la sociedad y los mercados, al tiempo de valorar los avances pequeños y significativos en la dirección correcta.
Dicho de otra manera, a pesar de que los ejemplos de gobiernos democráticos, transparentes y responsables parecen poco frecuentes, el referente desde donde se evalúan sigue siendo el ideal de la gobernanza democrática establecida en la ley, la teoría, o las aspiraciones culturales. Aunque es evidente que en nuestros países existen muchas falencias, también es cierto que en América Latina la democracia continúa siendo la forma de gobierno que se considera la más adecuada1.
Sin embargo, una serie de artículos de relativamente reciente aparición han cuestionado este supuesto de manera directa. Después de analizar las alianzas, implícitas o explícitas, entre gobiernos y miembros del crimen organizado en Latinoamérica, Duque2 ha difundido la categoría de “gobernanza criminal” para describir el co-gobierno entre ellos. El presupuesto fundamental es que tales alianzas, muchas veces motivadas por el deseo de mantener la paz o negociar la debilidad del Estado, no son desarrollos externos al orden sociopolítico, sino que son el orden sociopolítico.
En algunos sectores de política pública, los cárteles de las drogas y las bandas criminales proveen de servicios a la población, distribuyendo ayuda económica o en especie, ofreciendo puestos de “trabajo” en sus organizaciones y protección en contra de grupos rivales o, incluso, como ha sucedido en algunas regiones de México, han contribuido a construir clínicas y templos.
La gobernanza criminal sería el término que ayuda a entender por qué, y de qué manera, los actores no-estatales con actividades ilegales crecen en regiones en las que el Estado está ausente, o en las que no posee los recursos necesarios para controlar el territorio3.
El uso del término “gobernanza criminal” va más allá de simplemente reconocer la realidad de la corrupción y la debilidad institucional de nuestros gobiernos. El problema es que, desde esta perspectiva, dos gobiernos, uno desempeñando sus labores adecuadamente y otro reproduciendo un sistema violatorio de los derechos humanos, son descritos con la misma palabra, aunque a una se le coloca el adjetivo “buena” y a la otra “criminal”. En mi opinión, la aceptación del uso de “gobernanza criminal” se explica en parte por el deseo de subrayar la capacidad analítica del término, como si dijéramos no pongamos atención a los ideales que nunca se cumplen, sino en cómo realmente se ejerce el poder; quién realmente lo ejerce.
Para esta aproximación, lo importante no es cómo asegurar que las redes cooperen para resolver problemas, o cómo el gobierno puede fomentar el acuerdo entre los diferentes sectores societales, sino determinar quién -y bajo qué criterios- decide qué es lo que pasa en nuestros barrios, comunidades y ciudades. Usar el término tiene la ventaja de ver nuestras realidades sin la ficción legal de que, dado que tenemos derechos legalmente reconocidos, esto asegurará que seremos protegidos y respetados en nuestra dignidad fundamental, principalmente a través de la acción de los gobiernos democráticamente electos.
Sin embargo, esto también tiene el costo altísimo de abandonar el uso más propio de la palabra: uno que nos obliga a no olvidar las creencias, valores, prácticas y narrativas que originaron el ideal del gobierno democrático. Argumentar que no deberíamos emplear una categoría porque ésta no se verifica en la realidad cotidiana, o porque solo se logra después de procesos difíciles y largos, que pueden ser destruidos fácilmente, sería equivalente a abandonar la esperanza en lo público. Si este hubiera sido el criterio usado en el pasado, muchos conceptos que alguna vez parecieron imposibles como “abolición de la esclavitud”, “voto de la mujer” o “libertad de pensamiento, conciencia y religión” hubieran dejado de ser la luz que impulsaba a las y los reformadores, líderes sociales y buenos gobernantes.
En mi opinión, el concepto de “gobernanza criminal” debería ser tratado como todas las categorías resultado de estiramientos semánticos que terminan por hacer inútil un concepto. Si todo es gobernanza, tanto lo bueno como lo malo, entonces la categoría no sirve realmente.
Por Francisco Porras, profesor-investigador, Instituto Mora, México
1 Corporación Latinobarómetro. (2024). Estudio Latinobarómetro 2024: Oleada 2024 – Versión agregada [Data set]. JD Systems Institute. https://www.latinobarometro.org/latinobarometro-2024, p. 30.
2 Duque, J. (2021). Gobernanza criminal. Cogobiernos entre políticos y paramilitares en Colombia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 66(241), 347-380. http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/75094
3 Feldmann, A. y Luna, J. P. (2022). Gobernanza criminal y la crisis de los Estados Latinoamericanos contemporáneos. Annual Review of Sociology, 48, S-1–S-23. https://www.annualreviews.org/docserver/fulltext/soc/48/1/annurev-soc-101221-021836.pdf?expires=1785846855&id=id&accname=guest&checksum=0721785E77C482D7A953E8BB41E847F0