Ante el escenario adverso, los campesinos se han movilizado de manera constante para exigir sus derechos. Sin ir m\u00e1s lejos, el mes pasado, en el marco del D\u00eda Internacional de las Luchas Campesinas, m\u00e1s de 30 organizaciones hondure\u00f1as llegaron hasta la Casa Presidencial del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Su objetivo era exigir el cumplimiento de demandas hist\u00f3ricas vinculadas a justicia social, la concentraci\u00f3n de la tierra o la exclusi\u00f3n reiterada de las comunidades
frente a los intereses de la agroindustria.<\/p>\n\n\n\n
Para Zavala, se ha construido una narrativa que tiende a criminalizar las luchas campesinas: Discursos que al final criminalicen a los campesinos, que reclaman su derecho leg\u00edtimo a la tierra, diciendo que es un conflicto entre ellos, cuando en realidad el fondo sabemos que es criminalizar a las organizaciones campesinas y las agrupaciones campesinas que hay en el pa\u00eds y, por lo tanto, terminar de echar mano,
como siempre pasa en los gobiernos de derecha, de las tierras de la reforma agraria.
En este contexto, los campesinos enfrentan un ambiente de inseguridad, que se ve reforzada por la falta de leyes que los protejan adecuadamente. Por el contrario, diferentes comunidades han acusado sobre normativas que perjudican las luchas campesinas. Tal es el caso de la discusi\u00f3n que pretende hacer El Congreso Nacional de Honduras para realizar algunas reformas orientadas a endurecer las penas del
delito de usurpaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta fue promovida a petici\u00f3n del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Plantea modificaciones a la Constituci\u00f3n, la Ley de Reforma
Agraria y la Ley para la Modernizaci\u00f3n y Desarrollo del Sector Agr\u00edcola.<\/p>\n\n\n\n
Sus impulsores sostienen que las reformas buscan reforzar la seguridad jur\u00eddica ante las ocupaciones de tierras destinadas a la producci\u00f3n agr\u00edcola. Sin embargo, diferentes organizaciones han se\u00f1alado que podr\u00eda agravar la criminalizaci\u00f3n campesina.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, alertaron sobre los conflictos que podr\u00eda derivar un endurecimiento de las penas para el delito de usurpaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de un comunicado publicado el pasado 15 de abril, se\u00f1alaron, entre otras cosas, que la reforma profundiza la criminalizaci\u00f3n del conflicto agrario o que la iniciativa favorece la protecci\u00f3n de las inversiones nacionales y extranjeras por encima de los derechos colectivos e ind\u00edgenas relacionados con el acceso, la posesi\u00f3n y la titulaci\u00f3n de tierras.<\/p>\n\n\n\n
Las reformas legislativas avanzan en medio de una crisis de seguridad que no puede desligarse de los conflictos hist\u00f3ricos por la tierra. En un pa\u00eds donde las disputas agrarias han dejado d\u00e9cadas de violencia, las comunidades sostienen que la soluci\u00f3n pasa por garantizar acceso a la tierra, justicia y reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-24.png\")
<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"